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Olmedo López


Director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
28 de abril de 2023-29 de febrero de 2024
Predecesor Javier Pava Sánchez
Sucesor Carlos Carrillo Arenas

Información personal
Nombre completo Olmedo de Jesús López Martínez
Nacimiento Itagüí, Antioquia, Colombia
Nacionalidad Colombia
Educación
Educado en Universidad Autónoma Latinoamericana
Información profesional
Ocupación Político y economista
Partido político Polo Democrático Alternativo
Afiliaciones Pacto Histórico

Olmedo de Jesús López Martínez (Itagüí,) es un economista, político y funcionario público colombiano.

Biografía

Nació en Itagüí Antioquia, estudió economía en la Universidad Autónoma Latinoamericana. Su carrera ha trabajado para el sector privado de empresas nacionales.[1]

Fue contratista público para la Corporación de Sistema de Comunicación Comunitaria El Palmar. Entre 2012-2013 fue secretario de ambiente durante la alcaldía de Carlos Andrés Trujillo de Itagüí, en 2015 fue candidato a la gobernación de Antioquia y concejal de Caramanta.

Es miembro del partido Polo Democrático Alternativo donde desempeñó como directores de las campañas presidenciales de Clara López y Gustavo Petro en Antioquia. Entre 2023 hasta su renuncia en 2024 ocupo el cargo de director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.[2]

Escándalo de la UNGRD

En mayo de 2024 se conoció que se encontraron en su gestión, aparentes irregularidades en la contratación de carrotanques para proveer de agua potable a la población de La Guajira.[3]

El subdirector Sneyder Pinilla fue que financió y entregó el dinero a los presidentes del poder legislativo Iván Name, Andrés Calle y los ministros del Interior Luis Fernando Velasco, Hacienda Ricardo Bonilla González y la consejera para las regiones Sandra Ortiz, quien los mencionados negaron sus participaciones.[4]

Los dos actores principales del escándalo aceptaron colaborar con la justicia aportando pruebas, colaboraciones y transacciones de los pagos en la Fiscalía General de la Nación, Corte Suprema de Justicia y Procuraduría General de la Nación para obtener un acuerdo de reducción de pena.[5]

Referencias